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Tratarán en comisión conjunta dos proyectos de ley para preservar el piedemonte

Publicada el 1 junio, 2020

Los envió el Poder Ejecutivo y ambos son complementarios. Por un lado, se busca definir los criterios obligatorios para ocupar el territorio del piedemonte  y por otro, la creación del Área Natural Protegida número 20 de la Provincia. Se tratarán en conjunto por las Comisiones de LAC,  Ambiente  y Hacienda el  próximo jueves, a las 10.30.

Piedemonte Legislatura

Tal como lo anunció en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Gobernador Rodolfo Suarez envió a la Cámara de Senadores dos proyectos de ley que buscarán regularizar y proteger al piedemonte del Área Metropolitana.

Ambos proyectos son complementarios. Por un lado, la “Ley de pautas de manejo y disposiciones especificas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y el Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza«. Y por otro lado el proyecto de Ley de creación de Área Natural Protegida.

Las dos iniciativas se tratarán en conjunto por las Comisiones de LAC, Ambiente y Hacienda el  próximo jueves, a las 10.30. La modalidad será semipresencial por el contexto de pandemia y cuarentena obligatoria que rige en el país.

Para ver en detalles los proyectos:

E_74282_proy_ley_Area_Interjurisd_Precordillera_Piedemonte-0000074282-2020-05-31-17-47-190 

E_74283_pe_ley_area_protegida_precordiller_pedemonte_area_metrop-0000074283-2020-05-31-17-48-500

En detalles

La primera iniciativa se denominada “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)” y fue generada desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con el aporte de los cuatro municipios del Área Metropolitana que integran territorio en el área (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján) y en base al estudio “Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional del Agua.

El proyecto de ley se viene trabajando desde hace más dos años con el aporte de los equipos técnicos de los cuatro municipios que integran el piedemonte y de organismos como la Dirección de Hidráulica, EPAS, EPRE e incluso el Departamento General de Irrigación, entre otros, decididos a asumir la responsabilidad de actualizar la legislación sobre el piedemonte como unidad ambiental y a dar soluciones operativas a quienes ya lo habitan y a futuro.

A su vez, se han realizado reuniones con las uniones vecinales, a través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, en el lugar para informar la situación y que se puedan cumplir las exigencias ambientales según la normativa vigente, como también paralizar emprendimientos que continúan realizando desmontes.

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura se basa en los siguientes lineamientos:

  • Definir criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones. Si los municipios tuvieran criterios más restrictivos en sus normas, estas serán prioritarias. Los municipios que aún no tienen su Plan Municipal deberán incorporarlos a él.
  • Determinar medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional.
  • Establecer áreas de protección ambiental con acceso público para garantizar el uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos.

Esta normativa busca unificar y actualizar los criterios para definir dónde y cómo construir a través de una ley nueva que especifique en qué zonas no se podrá construir por amenaza aluvional como cauces y laderas inestables. Existe un límite geográfico definido como la cota 1.150 m s.n.m. hacia el oeste, a partir de la cual queda prohibida la localización de barrios, excepto usos de esparcimiento o desarrollo de turismo de bajo impacto, investigación e interpretación ambiental, por ejemplo.

El proyecto de ley también prevé –siguiendo el criterio de amenaza aluvional– áreas de categorización intermedia a las cuales define como ocupables para desarrollo urbano con criterios de bajo impacto. Las zonas de menos riesgos, de igual forma, deben respetar los llamados “criterios mínimos” para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, etc.

En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán de manera participativa con la población local y los organismos pertinentes las obras necesarias para mitigar amenazas aluvionales e impactos ambientales negativos. También se evaluará el camino a seguir con la infraestructura de servicios de agua y saneamiento, electricidad o gas.

Los técnicos consideran que el piedemonte debe ser abordado de manera interjurisdiccional y gestionado como una sola unidad ambiental. En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes en la actualidad e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2.

La creación de una nueva Área Natural Protegida (ANP)

El segundo proyecto de Ley: la creación de un Área Natural Protegida surge como complementario al proyecto de ley del piedemonte para conformar juntos una ley de planificación integrada y sostenible de la precordillera y piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza. Esto se debe a que el piedemonte es considerada un área con condiciones ambientales de suma importancia para la conservación de los ecosistemas. Por ello se propone la creación de un Área Natural Protegida (ANP) –en una porción de la misma dentro de los departamentos de Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján–, en el marco de la Ley Provincial 6045, bajo el nombre “Área Natural Protegida Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”.

Con respecto al dominio se propone, dentro de los términos de la Ley 6045

  • Declarar de utilidad pública sujeta a expropiación a un sector del piedemonte, de manera de garantizar la protección de los recursos naturales y poder controlar por parte del Estado las actividades humanas que allí se realicen, reservando el área para el disfrute de todos los ciudadanos y el uso público.
  • En un sector de la precordillera, aplicar restricción al dominio, de manera de reservar los usos del suelo existentes a los objetivos propuestos para el área, bajo control por parte del Estado.

Objetivos específicos de este proyecto de ANP

  1. Proteger la flora nativa y su función ecosistémica como reguladora de escorrentía, de manera de asegurar el normal funcionamiento de las cuencas aluvionales presentes en el área.
  2. Preservar los cauces aluvionales existentes dentro de las cuencas presentes en el área protegida.
  3. Asegurar la conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitats naturales y modificados, contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos.
  4. Conservar muestras de los distintos tipos de comunidad natural, su paisaje y forma fisiográfica.
  5. Mantener los valores de conservación de los paisajes y las funciones ecosistémicas que presta el área protegida mediante prácticas de ordenamiento adecuadas.
  6. Promover el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y turísticas sostenibles que se realicen sobre la base de buenas prácticas ambientales.
  7. Promover la investigación científica para el conocimiento acabado de los recursos naturales comprendidos en el área natural protegida.