PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

La Comisión Provincial de Prevención dio a
conocer su informe Anual en la Legislatura Provincial

El encuentro contó con la presencia de funcionarios de los tres poderes del Estado y con representantes de organismos de Derechos Humanos.

15.09.2015
Dirección de Prensa y
Comunicación Institucional

La Legislatura Provincial fue sede de la presentación del Informe Anual 2014-2015. Cabe destacar que dicho encuentro se realizó para dar cumplimiento a la Ley 8284 que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, con sede en la Primera Circunscripción Judicial, la cual debe presentar un informe por año en la Casa de las Leyes .

Dicho informe, contiene el trabajo realizado por la Comisión, en el primer año y medio a partir de su aplicación, el cual debe ser dado a conocer por sus integrantes.

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La mesa académica estuvo compuesta por el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad, Dr. Fabricio Imparado; el responsable de la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, Magister Enrique Font; los miembros del Comité Local para la Prevención de la Tortura, Lucas Lecour, Ana Sosino y Adriana Recchia.

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Participaron del acto el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Dr. Mauricio Le Donne; la Subdirectora General del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena; la Subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi; la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Mendoza, Natalia Brite; el Defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González; el Subsecretario de Justicia, Sergio Bonsagüe; la senadora provincial y vicepresidenta de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, Claudia Torres; la senadora provincial, María José Ubaldini; funcionario y demás representantes de organismos de Derechos Humanos.

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La Comisión es un organismo descentralizado, independiente y con personalidad jurídica propia, funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. Asimismo en su articulo 2do se establece que “la Integran el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, quien ejercerá las funciones de Presidente del organismo, y un Comité local para la Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales. Cuenta con un Secretario Ejecutivo que tendrá a su cargo todos los aspectos organizativos de la Comisión. Cuando las necesidades del servicio lo exijan el Procurador de las Personas Privadas de Libertad podrá designar un Procurador Adjunto.

La Comisión Provincial de Prevención actúa en la defensa y protección de los derechos y garantías consagrados en los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional, Provincial y las leyes, de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento bajo jurisdicción y control del Estado Provincial.

Asimismo sus facultades se extienden a la protección de aquellas personas alojadas en entidades de carácter privado de las que no puedan salir libremente, bajo cualquier forma de demora, retención, detención, internación o custodia, sea por orden de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad privada o pública, a instancia suya o con su consentimiento expreso o tácito.

Las funciones generales de la Comisión Provincial de Prevención son las siguientes:

a. Visitar periódicamente y sin previo aviso los lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
b. Controlar en forma permanente el trato que reciben las personas privadas de su libertad en los lugares de detención o durante los traslados, con miras a fortalecer su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
c. Entrevistarse libre y privadamente con las personas privadas de su libertad, personalmente o por cualquier medio de comunicación y con
la asistencia de un intérprete cuando sea necesario, así como con cualquier otra persona que se considere que pueda facilitar información pertinente.
d. Mantener reuniones con familiares de personas privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros profesionales de la salud, integrantes de los distintos organismos del sistema penitenciario o instituciones que tengan jurisdicción en los lugares de detención o alojamiento y con todas aquellas personas y organismos públicos o privados que se considere necesario para el cumplimiento de su mandato.
e. Requerir la comparecencia de los funcionarios y empleados de los organismos y entes antes citados con el objeto de requerirles informaciones acerca de los hechos cuya investigación estuviera a su cargo.
f. Acceder sin restricción alguna a toda la información referida a las personas y a los lugares de detención o retención, compulsar documentos, acceder a todo tipo de archivos, expedientes administrativos y judiciales. Cuando sea necesario para investigar algún hecho la compulsa de expedientes que se encuentren con secreto de sumario, deberá solicitarle autorización al Juez de Garantías.
g. Hacer informes sobre las situaciones verificadas y efectuar recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas.
h. Celebrar convenios y articular acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de libertad y demás organismos de la sociedad civil que desarrollen acciones en defensa de los derechos de personas privadas de libertad.
i. Prestar permanente colaboración con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás autoridades de la Organización de Naciones Unidas, con los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con los mecanismos de prevención que se establezcan a nivel nacional y en el resto de las Provincias Argentinas.

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La Comisión Provincial de Prevención velará por el cumplimiento de sus objetivos a través de visitas periódicas a todos los lugares de encarcelamiento, detención, retención, demora o internación con asiento en la Provincia con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De igual modo podrá realizar en cualquier momento visitas o inspecciones extraordinarias y de seguimiento.

Según lo establece la ley 8.284, la Comisión dará cuenta de su labor mediante un Informe Anual que presentará ante la Legislatura Provincial, cada año. Asimismo, en todo momento y cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo ameriten, podrá presentar Informes Especiales sobre casos y situaciones puntuales que merezcan ese tipo de tratamiento.  Igualmente deberá evacuar los informes que le requiriera cualquier miembro de las Cámaras de la Legislatura de la Provincia.

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